Conforme a lo previsto en el art\u00edculo 12.2 de la Ley 52\/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl\u00edan derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecuci\u00f3n o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, el Gobierno de la naci\u00f3n ten\u00eda el encargo de confeccionar un mapa integrado de todo el territorio espa\u00f1ol en el que constaran los terrenos en que se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra civil o la represi\u00f3n pol\u00edtica posterior.<\/p>\n
Seg\u00fan el citado art\u00edculo, a este mapa se incorporar\u00edan los datos remitidos por las distintas Administraciones p\u00fablicas competentes, para lo que se han firmado los correspondientes Convenios de colaboraci\u00f3n con varias Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n
Por tanto, los datos para la elaboraci\u00f3n del Mapa proceden de la informaci\u00f3n aportada al Ministerio de Justicia por las distintas Comunidades Aut\u00f3nomas firmantes de esos Convenios de colaboraci\u00f3n y por Asociaciones, Fundaciones o Entidades dedicadas a actividades de recuperaci\u00f3n de la memoria hist\u00f3rica, cuyos trabajos de investigaci\u00f3n han recibido subvenciones del Ministerio de la Presidencia.<\/p>\n
Se trata de datos elementales o b\u00e1sicos sobre los lugares de enterramiento, algunos de ellos ya desaparecidos, pero de los que se conoce su localizaci\u00f3n, por lo que aquellos ciudadanos que deseen acceder a una informaci\u00f3n m\u00e1s completa deber\u00edan dirigirse a la Administraci\u00f3n o Entidad que ha proporcionado la informaci\u00f3n.<\/p>\n