La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Ocurrió en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, en el mes de octubre del año 2000. Numerosas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de desaparecidos. Y un grupo de personas decidimos crear la Asociación para prestarles esa ayuda.

Desde entonces, con la colaboración de numerosas personas, hemos podido ayudar a decenas de familias a recuperar los restos de sus seres queridos y a cientos de ellas a conocer el destino que corrieron sus familiares.

Desde el año 2000 trabajamos para dignificar nuestro pasado, pedir justicia a los que la merecieron y no la tuvieron, y profundizar nuestra democracia.

Human Rights Watch es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos. Al concentrar la atención mundial en los lugares donde se violan los derechos humanos, damos voz a los oprimidos y exigimos cuentas a los opresores por sus crímenes. Nuestras investigaciones rigurosas y objetivas, y nuestra incidencia política estratégica y focalizada generan una intensa presión para la acción y aumentan el precio que hay que pagar por abusos a los derechos humanos.

Human Rights Watch lleva 30 años trabajando tenazmente por sentar las bases jurídicas y morales para un cambio profundamente arraigado, y luchando para que las personas de todo el mundo disfruten de mayor justicia y seguridad.

The International Criminal Court (ICC), governed by the Rome Statute, is the first permanent, treaty based, international criminal court established to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community.

The ICC is an independent international organisation, and is not part of the United Nations system. Its seat is at The Hague in the Netherlands. Although the Court’s expenses are funded primarily by States Parties, it also receives voluntary contributions from governments, international organisations, individuals, corporations and other entities.