En octubre del año 2000 se llevó a cabo en Priaranza del Bierzo la primera exhumación de una fosa común de la guerra civil con métodos modernos y protocolos científicos…
El proyecto Políticas de la Memoria, coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pretende evaluar el impacto sociológico, antropológico, jurídico, político y mediático que estas exhumaciones tienen sobre la sociedad contemporánea.
El equipo de investigación, dirigido por el CSIC, está compuesto por forenses, biólogos, juristas, antropólogos, sociólogos, politólogos e historiadores de distintas instituciones, cada uno con una función determinada dentro del proyecto.
“Una de las partes del proyecto consiste en dar asesoría técnica en las exhumaciones a petición de las asociaciones implicadas. Forenses, arqueólogos y biólogos se encargan de localizar fosas, exhumar cuerpos, recoger documentación, elaborar informes y entregar los restos a los familiares. Además, psicólogos y antropólogos recogen los testimonios de los familiares y registran los rituales y homenajes que se llevan a cabo al finalizar las exhumaciones y devolver los restos a sus descendientes”,
explica el investigador del CSIC y coordinador del proyecto, Francisco Ferrandiz.
A partir de ahí, comienza la fase de investigación propiamente dicha: ver cómo esos fenómenos se reflejan en la sociedad española, en su discurso político, su legislación o en las industrias culturales. De hecho, el proyecto cuenta con un especialista en crítica literaria que estudia la figura del desaparecido en la literatura española del siglo XX.
“En definitiva, se trata de estudiar, en el contexto de la llamada justicia transicional, los diversos mecanismos que pone en marcha una sociedad determinada para enfrentarse a un pasado traumático”,
explica Ferrandiz.
Estos mecanismos pueden ser de muchos tipos: leyes, museos, monumentos, homenajes, exhumaciones, oficinas de la memoria o, en algunas sociedades, comisiones de la verdad.“Se trata de procesos muy complejos y polémicos, que polarizan a las sociedades. Queremos registrar qué está pasando e intentar comprender por qué. Además, intentamos hacerlo desde un punto de vista comparativo, estableciendo diferencias y semejanzas con otros países que han vivido procesos similares, como Argentina, Chile, Irak o la antigua Yugoslavia”, concluye. De hecho, entre los miembros del grupo de investigación se encuentra Luis Fondebrieder, presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Somos conscientes de que el tema es muy complejo y puede levantar muchas susceptibilidades. Pero precisamente por eso, pensamos que como científicos tenemos la obligación de contribuir a un debate social más sosegado, basado en argumentos científicos”, concluye el investigador del CSIC. Para informar directamente a la sociedad, el proyecto cuenta con una web propia: www.politicasdelamemoria.org
Más de 200 fosas
“La cifra de exhumaciones no se sabe con seguridad, porque no existen datos de todas las comunidades autónomas ni un registro central, pero se calcula que más de 200 fosas han sido abiertas desde el año 2000, casi todas ellas del bando republicano, aunque hay excepciones, como la fosa de Camuñas, en cuya excavación también participamos. Aunque oficialmente el proyecto ha comenzado este año, algunos de nosotros hemos estado presentes en las exhumaciones desde el año 2000, por lo que tenemos acceso a mucha de la documentación”, explica Ferrándiz, investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.
“Pero el fenómeno de las exhumaciones no es nuevo. Recién terminada la guerra civil, en los años 40, ya hubo exhumaciones de fosas, algunas de ellas documentadas incluso de forma oficial. Las exhumaciones para el traslado de cuerpos al Valle de los Caídos, también documentadas en su mayoría, comienzan en el año 1958”, añade el investigador.
Con la llegada de la democracia, en los años 70, hubo un gran movimiento de familiares de republicanos que exhumaron a sus muertos: “eran exhumaciones caseras, sin medios, llevadas a cabo por familiares con escaso apoyo institucional”, explica Ferrándiz. Estas exhumaciones no están documentadas de modo oficial, aunque hay numerosas fotografías y testimonios que están apareciendo ahora.
Todo ello hace aún más difícil calcular el número de muertos en retaguardia, de ambos bandos, que se produjo en la guerra civil. “Los historiadores estiman que, desde el inicio del conflicto y hasta la postguerra hubo unos 50.000 civiles muertos en la retaguardia republicana y unos 150.000 en la nacional”, explica Ferrándiz. Estudiar las fosas permite también extraer conclusiones sobre la naturaleza de esa violencia y su grado de organización.